[[{"fid":"268","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"media_title[und][0][value]":"","media_description[und][0][value]":"","media_description[und][0][format]":"editor_wysiwyg"},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"media_title[und][0][value]":"","media_description[und][0][value]":"","media_description[und][0][format]":"editor_wysiwyg"}},"link_text":null,"attributes":{"height":192,"width":700,"class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]]
Durante los últimos 10 años, un sinnúmero de comunidades y organizaciones sociales han levantado sus demandas y denuncias vinculadas al impacto de proyectos productivos, de servicios y de infraestructura, que atentan significativamente contra la sustentabilidad ambiental, social, económica y política de los territorios, en el contexto de la crisis múltiple que enfrenta el paradigma civilizatorio vigente. Casi a diario, la ciudadanía denuncia conflictos por el acceso y la calidad del agua; por el mal manejo de residuos; por las obras viales que destruyen sus barrios; por la pobreza; por los problemas de transporte; por los abusos en el cobro de servicios básicos; etc.
En este contexto, surge la necesidad de fortalecer el trabajo realizado por los diversos actores sociales, que cuentan con la inspiración pero no necesariamente con las herramientas técnicas y políticas necesarias para formular y canalizar sus prioridades y demandas, entre los distintos interlocutores. Esta debilidad supone que muchos de los procesos de movilización conduzcan o bien al agotamiento y por ende, abandono de la demanda; o bien a la negociación en condiciones de clara desigualdad en favor de autoridades políticas que buscan solucione de consenso, favorables por lo general, a los responsables de los problemas que las comunidades denuncian. Por otra parte, los procesos de formación y capacitación en liderazgos tienden a ser, por una parte, restrictivos por razones de costos y procesos de selección en las instituciones de educación formal; o bien, de escasa validación pública cuando tienen lugar en organismos no gubernamentales, centros culturales y organizaciones en general. Asimismo, no existen a la fecha procesos de formación dedicados a la promoción de liderazgos y dirigencias que aborden específicamente los problemas y desafíos socioambientales en los territorios, desde la perspectiva de la ecología social y la ecología política.
Esta iniciativa converge y fortalece el trabajo desarrollado por el Programa de educación Continua en Agroecología del Departamento de Gestión Agraria en la Universidad de Santiago de Chile conocido como “Diplomado en Educación para la Sustentabilidad”, libre de arancel y abierto a todo público, donde se ofrece una mirada panorámica sobre paradigmas, fundamentos, historia, aspectos críticos y diseño de proyectos para la construcción de sociedades sustentables; y que a la fecha cuenta con 320 egresados y 150 estudiantes en proceso. Se espera, entonces, que el Diplomado en Ecología Social y Ecología Política contribuya a los esfuerzos que los organismos no gubernamentales, académicos y dirigentes realizan para fortalecer actores sociales y políticos que frente a los impactos de la crisis múltiple en sus territorios, sean capaces de promover y construir comunidades sustentables